Carlos López Arriaga – Lo dicho, marabunta
Mucha tinta ha corrido sobre el futuro inmediato del ingeniero EUGENIO HERNÁNDEZ, desde su arresto el seis de octubre pasado.
La autoridad que dispuso la investigación, paralelamente hurgó en expedientes federales y en casos abiertos por instituciones de seguridad y justicia norteamericanas.
Los medios previamente habían indicado el camino: SIEDO, DEA, Corte Federal de Estados Unidos.
Tras su formal prisión el viernes, una inquietud pareció unificar criterios entre simpatizantes y malquerientes de HERNÁNDEZ.
Su seguridad personal en una cárcel tan difícil, violenta y sobre poblada, como el CEDES de Victoria. La penitenciaría de Tamatán.
Durante el fin de semana la administración estatal difundió un comunicado dando cuenta de su solicitud ante la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para que el exgobernador fuera trasladado a una cárcel federal.
Se argumentó al respecto, cito textualmente:
“En atención al alto perfil del procesado en mención, se solicita traslado del mismo a un Centro Federal ya que el lugar en donde actualmente se encuentra privado de la libertad no cumple con la infraestructura ni espacios adecuados para este tipo de personas”
Por supuesto, la noticia desató un oleaje especulativo en distintas direcciones, unas complementarias, otras contradictorias.
Se pensó que dicha mudanza sería:
(1) Un primer paso para su extradición a Estados Unidos, asunto del cual se ha hablado con insistencia, aunque (como sabemos) solamente el gobierno de la república tiene autoridad para ello, previo juicio. Y esto puede durar años.
(2) Otra vertiente especuló en torno a un deslinde preventivo de responsabilidades. Dada la alta peligrosidad de dichos centros, cualquier riesgo que corra el detenido sería imputable al nivel de gobierno que tenga la custodia.
Para la autoridad estatal, podría ser más tranquilizante que la seguridad de EUGENIO descanse en el gobierno de la república.
(3) Y, bueno, como razón o simple efecto, tal reubicación aislaría mayormente al detenido, por ser más estricta la regulación de cualquier contacto con el exterior, abogados, familiares, amistades.
(4) Otra versión decía que dicho traslado habría sido una concesión a su familia, pensando (nuevamente) en el tema de la seguridad. Pero esto quedó desmentido por las acciones que emprendió la defensa.
Uno de sus abogados, JUAN JORGE OLVERA, se dio a la tarea de obtener una suspensión provisional contra cualquier reubicación. Lo cual fue concedido por el Juzgado Décimo Primero de Distrito.
TURBAMULTA
Y, bueno, al final fueron 78 (setenta más ocho, leyó usted bien) los aspirantes presidenciales registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en la nueva categoría de independientes.
De los cuáles 40 han llenado por completo los requisitos y cuentan con un plazo de 120 días a partir de este lunes, para juntar firmas (866 mil 593, en 17 entidades) y lograr el visto bueno que les permita competir en 2018.
Habría 38 más en suspenso por faltar algún documento en sus expedientes. Ello deberá resolverse en las próximas 48 horas, también a partir de hoy lunes.
La semana pasada fue pródiga en registros, a lo cual se prestó la ampliación del plazo, oficialmente justificada por la parálisis que sufrió la capital mexicana con los sismos de septiembre. Tal periodo cerró (por fortuna) a las cero horas del domingo.
Mire usted, cuando los medios empezaron a manejar cifras como 15, 19, 25, 30, ya se observaba excesiva la lista, absurda en grado grotesco. De ahí la profusión de memes.
Ahora sabemos que la cifra andará entre 40 y 78, para ser precisada a más tardar el miércoles. Pasados los 120 días, el INE dará a conocer (previa purga) el número final.
En efecto, ya eran muchos y parió la abuela.
BUZÓN: lopezarriaga21@gmail.com
