Por Alfredo Guevara

A reserva de elaborar un padrón, que permita identificar e implementar los programas que maneja cada una de las dependencias de los tres niveles de Gobierno, hasta ahora se estima que existen en Tamaulipas entre siete y diez mil personas, consideradas como víctimas del delito.

Si bien se requiere que disminuya la violencia para reducir el número de víctimas, también se necesita armonizar las leyes, para de esa forma ayudar a los familiares de los mártires para que tengan acceso a los programas oficiales de una manera más ágil y directa, sin tanto trámite, expuso Teresa Aguilar Gutiérrez.

La presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso local, adelantó que en la sesión de este miércoles hará un pronunciamiento sobre ese sentido, para que al armonizar la legislación federal con la local, todas esas familias tengan acceso a los programa de salud, educación, bienestar social de una manera más rápida.

“Es un tema muy sensible, en el que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le ha puesto especial atención, para que las instituciones y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial cooperen y se les ayude a los familiares de las víctimas de una manera pronta y expedita, que no se queden y aterricen en tiempo y forma” sostuvo.

Al salir de una tercera reunión entre las dependencias involucradas, realizada en palacio de Gobierno, expuso que el Instituto de Atención a Víctimas del Delito ha realizado un esfuerzo para ayudar a las familias, a quienes les ha brindado ayuda psicológica, jurídica, social entre otra, para que se reincorporen a la sociedad de una manera práctica, “con quienes vemos el ánimo y la disposición”.

Aguilar Gutiérrez reveló que el mismo Instituto dio inicio al levantamiento de un padrón, que permitirá entre otras cosas, conocer en forma más precisa el número de familiares víctimas de un delito, el municipio donde se encuentran, a qué familiar perdieron, que tipo de ayuda requieren para reincorporarse a la sociedad entre otras cosas.

De manera adicional, expuso que las instancias del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, trabajarán en la armonización de las leyes y en aterrizar los programas que vayan en apoyo a estos familiares.