Por Alfredo Guevara

Ciudad Victoria.- El gobierno del Estado pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el recurso de queja que promovió la Consejería Jurídica en contra del auto del 28 de noviembre de 2017, en el que un juez federal de distrito les negó el carácter de ofendido.

El recurso de queja suspendió el procedimiento de amparo que en escrito posterior se pidió que lo conozca y resuelva la Suprema Corte, es decir que lo atraiga, por la importancia del caso que se promueve en contra del ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier “N”, reveló Abelardo Perales Meléndez.

El Consejero Jurídico en la administración estatal, manifestó que el gobierno es parte ofendida, porque en los delitos patrimoniales, el que resiente el quebranto económico es parte ofendida “y en este caso presuntamente lo existe, aunque que la sentencia es lo que va a decidir” señaló.

“Eso no lo consideró así el juez de distrito, se interpuso queja y en escrito posterior le pedimos a la Suprema Corte que atraiga el caso”, sostuvo.

A la fecha no ha resuelto la Suprema Corte de Justicia, pero es relativo al amparo 2042/2017 que promueve el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Javier “N” en contra del auto de formal prisión, en donde existe una presunta o probable responsabilidad como una víctima del delito.

“Nada está definido, no puedo adelantar nada y serán los jueces los que digan la verdad legal” indicó.

Lo que pretende el Gobierno es que se le dé participación, de ahí que se esté solicitando se reconozca al Estado como parte ofendida, para ser parte en el amparo.

“Como consejero jurídico, a nombre del Gobierno comparecí pero el juez me negó el acceso al amparo, es decir al expediente”, sostuvo.

A ciencia cierta, desconoció cuánto tiempo se llevará la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atraer la petición y resolver si finalmente se reconoce o no al Gobierno como parte ofendida

Perales Meléndez confió en una sentencia a favor del Estado, en el que se reconozca a Gobierno como parte ofendida, por tratarse de un delito contra el patrimonio estatal