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Martín Sánchez

Ayer fueron los inversionistas de la actividad primaria quien con pleno derecho exigieron a sus gobernantes que cumplan los acuerdos establecidos, para fomentar la autonomía alimentaria en este país y de esta manera fortalecer las demás economías. Y no obstante que los manifestantes no sumaron miles, no deja de ser una llamada relevante, ante la inminente renovación del Tratado Comercial de América del Norte, que propicio en la década de los años noventa la creación de programas compensatorios y subsidiarios para los agricultores, años después también surgieron programas para los productores pecuarios y de cultivos perenes.

Pero lo cierto es que más tardaron en surgir que en desaparecer el Procampo ahora Proagro. Que al inicio subsidiaba a los agricultores hasta con 300 hectáreas, actualmente al mismo concepto pero con nombre diferente solamente le permiten a cada productor hasta 30 hectáreas dentro del mismo programa compensatorio.

Ya que la idea era que los productos agropecuarios mexicanos obtuvieran del Estado un subsidio similar, al que los países desarrollados otorgan a sus agricultores, ya que en esas regiones del mundo los hombres del campo perciben compensaciones por la relevancia de su actividad en el mundo de la productividad alimentaria.

Lamentablemente y es un justificación, en este país durante la época petrolera no se sanearon las finanzas del Estado, sino más bien se privilegió el despilfarro de recursos. De tal manera que los incentivos del diesel agropecuario y marino porque también el combustible más preciado que la gasolina también lo utilizan los pescadores.

El caso del diesel agropecuario es patético, ya que la Sagarpa les propuso a los productores que a cambio de cancelar la tarjeta del diesel escogiera un implemento agrícola o algún otro concepto de mecanización, a lo que algunos empresarios de labranza accedieron. El problema vino después, porque los implementos se movían con diesel y este de estar en 9.30 en el 2011 paso a 18.70 en el 2018.

Así tenemos que en el campo el grito y el reclamo no solo es de los agricultores, sino también de los ganaderos que el año anterior les suspendieron el Progan, que la Confederación Nacional Ganadera obtuvo con gestiones de prominentes ganaderos tamaulipecos, para que a cada propietario de una unidad de producción obtuviera un ingreso por cada becerro que nacía en su predio.

El incentivo para los productores pecuarios inicio con 400 pesos por cada cría, luego aumento a 600 pesos y hasta el año anterior se entregaron 150 pesos por cría y se anunció que el programa desaparecería.

Es el mismo clamor de los agricultores que ayer se manifestaron en el Puente Internacional Pharr-Reyosa, que exigen a la Sagarpa el pago de 1,200 millones de pesos por concepto de inducción al cultivo del maíz y sorgo que la propia Sagarpa promueve.

Aunque para algunos, sobre todo funcionarios pudiera parecer “amarillismo” hablar de estas irregularidades, pero es grave y preocupante que los agricultores de la frontera estén protestando, ya que en esa región hay mayor mecanización a menor costo y las condiciones fronterizas les permiten acceder a las nuevas tecnologías. Qué será de los productores de otras regiones de esta entidad?

En otro orden, los diputados del Congreso tamaulipeco aprobaron una iniciativa para otorgar bonos de productividad y calidad a los empleados de la administración gubernamental de 3 a 9 salarios. Asimismo Alejandro Etienne y Nohemi Estrella se ocuparon en los asuntos generales de reconocer las tareas y las acciones del Ejercito Mexicano. También destaco la participación de Rogelio Arellano Banda, quien hablo a favor de los agricultores que el martes reclamaron la entrega de recursos en Reynosa Tamaulipas.

También en Reynosa, un juez de control decreto medidas cautelares en contra de Hugo Ramírez Treviño, quien se desempeñaba como secretario técnico del Ayuntamiento de Reynosa, cuyo proceso 017/2018 instruido en su contra, está tipificado por falsificación de documentos. El caso se conoce con el del “alcaldito”.

Por lo mismo las medidas cautelares consisten en la separación del cargo, firmas cada semana en ese juzgado y se no podrá salir de la ciudad de Reynosa hasta en tanto concluya el proceso. El vinculado a proceso y Benjamín Guerrero Bazaldúa ex secretario del Ayuntamiento de Reynosa habrían fabricado cartas de residencia para Mario Cantú Gutiérrez y Carlos Ruvalcaba Limas, para que ambos ocuparan los cargos de secretario de desarrollo económico y director de Transito respectivamente, en franca violación del código municipal.

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