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Martín Sánchez Treviño – Complejidades del hecho migratorio

Mientras que la confirmación del Tratado de Libre Comercio, será un motor que le permitirá a miles de empresas mexicanas fortalecer el intercambio comercial con Canadá y Estados Unidos, la paridad del peso con el dólar dio muestras de recuperación. Sin embargo, habrá que hacer un balance de los efectos nocivos que traerá para la nación mexicana el fenómeno migratorio, que también es parte de los acuerdos con el gobierno de Washington.

El camino del intercambio comercial es ampliamente conocido por los productores e inversionistas, de la empresa maquiladora como de la actividad primaria mexicana, porque en más de 20 años productores y empresarios aprendieron a competir, por ello, cuando estuvo en vilo la renovación del acuerdo hubo muestras de preocupación.

Pero ni unos ni otros vieron venir la avalancha migratoria, aunque estaba puesta en marcha desde el tercer trimestre del 2019. Los  gobiernos fronterizos conocen la complejidad que representa la migración de personas.

Ya que de la California Sur pasando por Tijuana hasta Matamoros, las mayoría de las ciudades fronterizas enfrentan un contraste social agudo en toda su expresión. Pues ninguna población cubre con la demanda de servicios básicos. Y los programas sociales son insuficientes para la cobertura correspondiente.

Quizá por ello, estados no fronterizos donde la ola migratoria se ha instalado en las últimas semanas, piden un respiro a otras entidades familiarizadas con las necesidades de la población migrante.

Por ello los municipios y estados fronterizos insisten en cada administración federal, que el gobierno nacional asigne mayores recursos por la presencia de ese fenómeno desequilibrante. En las principales ciudades tamaulipecas bien que se ha conocido en los últimos 10 años el fenómeno de los desplazado por la violencia, que también participan del concepto migrante.

Es el mismo fenómeno que ahoga las finanzas de los organismos sociales, religiones, gubernamentales y empresariales. Con una ausencia de incentivos por parte de la federación.  Por ello tiene amplio sentido la expresión de la Directora General del DIF estatal, en el sentido de que hay una política pública en este caso para los migrantes, pero sin presupuesto. Además la titular, precisó que el Estado no considera a personas mayores de 18 años, en el modelo asistencial.

Pero también es relevante un concepto que Omeheira López Reyna utilizo durante dos entrevistas con los medios, donde apunta, que legalmente hay una ley para la adopción plena, pero no para el acogimiento temporal de personas, en este caso migrantes menores de edad no acompañado. Por ello resulta acertado su posicionamiento en el sentido de que en esta entidad se busca canalizar la petición a centros asistenciales de la sociedad civil, a los que el aparato oficial respalda. De otra manera el sistema DIF distraería la atención a las familias tamaulipecas.

En otro orden, el Congreso de Tamaulipas se convirtió en el segundo órgano legislativo nacional después de Guanajuato, que promueve un parlamento incluyente. En el que participaron 43 personas provenientes del mismo número de municipios. Comentó uno de los organizadores que son 36 curules, pero se admitió la participación de 43 personas, que presentaron 10 iniciativas. De esta manera se les dio voz a grupos vulnerables.

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