AGENCIAS

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este lunes que lanzará una ley destinada a reducir la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como “green cards” (tarjetas verdes), o de algunos visados.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en sus siglas en inglés) ha dado a conocer hoy una versión de la regla, que está diseñada para denegar los visados y la residencia permanente a cientos o miles de personas por ser demasiado pobres, de acuerdo con informaciones publicadas por Reuters.

La normativa, que será divulgada oficialmente en el Registro Federal el miércoles, entrará en vigor sesenta días después de su publicación. Estados Unidos podrá determinar si el foráneo se ha convertido en una “carga pública” para la Administración, es decir, si “depende principalmente” de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus de inmigración.

De este modo, una persona con tarjeta de residente permanente o algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en EEUU, en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas del Gobierno.

“El principio que la impulsa (la ley) es un viejo valor americano, que es la autosuficiencia”, ha dicho Ken Cuccinelli, director interino estadounidense de Ciudadanía e Inmigración, en una entrevista en Fox News este lunes.

“También tendrá el beneficio a largo plazo de proteger a los contribuyentes, asegurando que las personas que están emigrando a este país no se conviertan en cargas públicas, que puedan valerse por sí mismas, como lo han hecho los inmigrantes en años pasados”, ha señalado.

Grupos defensores de los inmigrantes alertan de que esta regla discriminaría a las personas de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir, según medios locales.

Dichas organizaciones aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan alguna asistencia pública de manera temporal.

Los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo coste a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados “carga pública”, lo que no les permitiría mantener el estatus de residente legal.

Con esta nueva norma a más de la mitad de las familias que solicitasen la “green card” se les denegaría, según unas investigación del Instituto de Política Migratoria estadounidense. En 2016, se otorgaron unas 800.000 tarjetas de residencia.

La nueva norma deriva de la Ley de Inmigración de 1882, que permite al Gobierno de EEUU rechazar un visado a cualquiera que pueda convertirse en una “carga pública”. En los últimos años, los funcionarios de inmigración definían a los solicitantes de visa con esta fórmula si observaban que era probable que dependiesen principalmente de la asistencia del Gobierno.

Los solicitantes ahora tendrán que mostrar niveles más altos de ingresos para obtener una visa y la regla amplía enormemente la lista de beneficios del Gobierno que los migrantes dejarían de obtener al conseguir la ciudadanía estadounidense.