Redacción InfoNorte
 
Ciudad Victoria.- El juez de control, Patricio Lugo Jaramillo, decretó prisión justificada al ex subsecretario de Egresos, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Cristóbal “N”, tras aproximadamente nueve horas de audiencia.
 
La próxima audiencia está programada para el sábado 25 de julio a las 10:00 horas, donde se resolverá si el ex servidor público se vincula a proceso.
 
El ex servidor público fue detenido en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en acciones de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en colaboración con personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT).
 
Después fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia para entregarlo a las autoridades de Tamaulipas y viajar a Ciudad Victoria.
 
Este lunes por la tarde comenzó la audiencia inicial en la Sala C del Centro Integral de Justicia, con la acusación a Cristóbal “N” por el delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades como servidor público. No hubo acceso a la sala debido a las restricciones por la situación de la pandemia. Hubo un receso que solicitó el acusado para buscar un abogado particular. Y la audiencia se prolongó hasta en la noche.
 
El pasado 6 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE), Raúl Ramírez Castañeda, informó en rueda de prensa que desde hace 24 meses realizan una investigación de empresas factureras que han operado entre el año 2012 y al 2016, y que han afectado al erario público estatal con más de 2 mil millones de pesos.
 
Cristóbal “N” fue mencionado entre los ex funcionarios que estarían involucrados en estas investigaciones. También son buscados por la Fiscalía, los ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas, de la administración de Torre Cantú, Jorge Silvestre “N” y Jorge “N”.
 
Ramírez indicó que el Ministerio Público adscrito a la Unidad ha generado 24 órdenes de aprehensión de las cuales algunas ya se encuentran ejecutadas y unas 100 más en vía de ser solicitadas, relacionadas principalmente con las investigaciones contra empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción de ex funcionarios.
 
En las investigaciones aparecen implicados 
ex funcionarios de gobiernos estatales anteriores, otros servidores públicos, un ex presidente municipal y personas externas al ejercicio público de gobierno.