Carlos López Arriaga

“Plan B”, con prisa

Cd. Victoria, Tam.- Rematé la columna de ayer con esta línea casi telegráfica: “El próximo año habrá candidatos a la silla de AMLO. En efecto, se agotan los tiempos. Mucho por saber.”

Pues bien, México se levantó este miércoles con dos noticias:

(1) La ya prevista sobre el fracaso de la reforma electoral enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, al no contar con la mayoría suficiente para empujar los cambios constitucionales comprendidos en ella.

(2) Al cuarto para la hora, con prisa bien calculada, el grupo legislativo de MORENA y sus aliados logró meter el paquete de reformas a las leyes secundarias conocido como “Plan B”.

Dejo para comentarios posteriores el contenido, limitaciones y alcances de este segundo inciso porque me interesa reparar únicamente en la prisa del Presidente LÓPEZ OBRADOR para impulsar su recepción, dictamen y factible aprobación.

Cuando podamos ver la película completa de este sexenio entenderemos que el momento de las grandes reformas (cambios a la Carta Magna incluidos) fue la 64 legislatura (2018-2021). Digamos que el mandatario lo previó, lo supo, lo aprovechó bien, aunque igual le quedaron algunos pendientes

Rebasado el medio tiempo, la sucesiva bancada 65 (2021-2024) conservó en su composición una efectiva mayoría obradorista, aunque ya sin el número suficiente de curules para garantizar en automático iniciativas que entrañen modificaciones mayores.

Aún así, la fuerza del partido guinda se conserva hasta la fecha con la capacidad y la disciplina necesarias para operar ajustes en materia de leyes secundarias, como lo vimos este martes.

CORCHOLATAS REBELDES

El punto es que no sabemos por cuanto tiempo. La cohesión de dichas mayorías legislativas en ambas cámaras podría mermarse o acotarse al ser afectada por la lucha sucesoria desatada hacia el interior del partido gobernante.

Hay dos rupturas en marcha. La más ruidosa está anunciada para el presente diciembre y la encarna el senador zacatecano RICARDO MONREAL ÁVILA.

A la cual se añade el desgajamiento fino, más educado y gradual, pero potencialmente más efectivo, del canciller MARCELO EBRARD CASAUBÓN, previsiblemente en enero próximo.

Ya se van los dos. Abandonan el barco y dejan de ser subordinados de ANDRÉS MANUEL para dedicarse por completo a sus respectivas tareas proselitistas tras la candidatura presidencial.

Esto explica la urgencia de AMLO para redimensionar al Instituto Nacional Electoral, apoyado todavía por el voto de esos clanes que siendo morenistas, tienen además filiación ebrardiana y monrealista.

Quienes traigan el fierro puesto, en las semanas siguientes habrán de actuar en consecuencia. Es decir, votarán pensando en aquello que mejor convenga a su gallo, lo cual no significa que obedezcan en automático lo que pida el señor Presidente. Asoma el conflicto de interés.

Por ello es hora de apurar los pendientes, antes de que amengüe, se disperse o (de plano) fracture la fidelidad de los legisladores oficialistas, cada grupo tras su candidato. Buen tema de prospectiva, para quienes conocen al detalle la conformación de los grupos, en particular dentro de la Cámara Baja.

¿Cuántos seguirán hasta el final cien por ciento leales al presidente y su discípula CLAUDIA SHEINBAUM, con ADÁN AUGUSTO en calidad de prefecto, jefe operativo?… Cabe pensar que la mayoría.

Igual importa indagar quienes tomarán distancia y habrán de romper filas, perdiendo con ello la cadencia del nado sincronizado que dicta Palacio Nacional, para acatar ahora lo que digan RICARDO y MARCELO.

OTRA VEZ PERÚ

Pero bueno, ya he comentado antes cierta rara excepción que caracteriza a la justicia mexicana en el contexto global y continental, por lo que concierne a temas como el juicio y sanción a los expresidentes.

Siendo exuberantes los casos de corrupción, abusos, arbitrariedades, ningún mandatario mexicano ha pisado la cárcel. Ni siquiera han sido sometidos a juicio por sus crímenes.

Ello, salvo el muy aislado y poco publicitado caso de LUIS ECHEVERRÍA a quien la justicia en tiempos de FOX lo condenó a 2 años de prisión domiciliaria, por actos represivos cometidos siendo titular de SEGOB bajo el diazordazato y luego como presidente. Sanción que a la postre fue cancelada por un juez.

Cuestión de comparar esta minucia con lo que ocurre en Centro y Sudamérica, en particular, el caso de Perú, que es hoy noticia. Y resulta paradigmático, no solo por el recurrente castigo a exmandatarios ladrones sino (algo más difícil) la determinación del Congreso para deponerlos de sus cargos.

Tan solo en las últimas tres décadas figuran los nombres de PEDRO PABLO KUCZYNSKI (2016-2018), OLLANTA HUMALA (2011-2016), ALAN GARCÍA (1985-1990 / 2006-2011), ALEJANDRO TOLEDO (2001-2006) y ALBERTO FUJIMORI (1990-2000), entre otros.

Esta semana tocó el turno al profesor PEDRO CASTILLO TERRONES, quien como corolario de los reiterados desencuentros con el poder legislativo, determinó ordenar su disolución.

Solo que el congreso hizo gala de mejores reflejos. Le respondió con dos órdenes igual de terminantes. Su cese y encarcelamiento inmediato, acusado por delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, amén de incapacidad moral.

Caso excepcional el de la nación incaica. Mire usted que se necesita una gran fortaleza institucional para que el modelo democrático siga en pie tras reiterados episodios de dicha catadura. Ya se les hizo costumbre.

TAMBIÉN ARGENTINA

Las noticias narran en paralelo el caso que involucra a la expresidenta y hoy vicepresidenta de Argentina CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, tras conocerse el desenlace de un largo proceso ministerial por multimillonarios cargos de enriquecimiento ilícito.

Se le ha dictaminado culpa, lo cual incluye cárcel y prohibición explícita de volver a ocupar un cargo público por el resto de su vida. Aunque esto no significa su captura inmediata.

La dama goza de fuero hasta el 10 de diciembre del 2023, cuando concluye su mandato. Entonces se verá si le hacen efectivo dicho arresto que, por su edad, podría ser del tipo domiciliario.

Cambian los tiempos. Al parecer, las insurrecciones legislativas (a menudo en complicidad con el poder judicial) han venido a reemplazar a los cuartelazos militares que caracterizaron a los gobiernos del cono sur durante los siglos 19 y 20.

La inestabilidad es la misma (o casi) aunque las guerras entre facciones hoy se libran con menos sangre y menor cantidad de pólvora, pero con dosis altísimas de intriga, complots de pasillo, guerras de buró y confabulaciones de escritorio.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

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