Carlos López Arriaga – Cacería de privilegios
Llamativo el mensaje conjunto difundido en video de dos minutos por los tres dirigentes partidistas que conforman el Frente Ciudadano, ANAYA, BARRALES y DELGADO (PAN, PRD, MC).
Ante la devastación generada por los sismos del 7 y 19 de septiembre, plantean suprimir importantes partidas presupuestales para encausar ese dinero al rescate de la población afectada.
Proyecto que ellos mismos califican como “de fondo, serio, sin simulaciones y de largo alcance.” Todo eso.
Importa enumerar sus cinco propuestas, en el orden que fueron expresadas:
1.- Una iniciativa de ley para eliminar al 100% el financiamiento público a todos los partidos. Que dejen de operar con dinero del erario y trabajen solo con aportaciones voluntarias de militantes y simpatizantes.
2.- Reducir topes electorales. “Basta de campañas tan costosas”, dicen, “en un país con tantas necesidades”. Ello, aunque reconocen (y esto parece una contradicción) que el dinero de los partidos ocupa menos del 1% (uno por ciento) del presupuesto total.
3.- Luego añaden un programa de austeridad que elimine el pago por seguros de gastos médicos de los “altos funcionarios”. Que se atiendan en el IMSS o en el ISSSTE, como el resto de los mortales.
4.- Amén de cancelar gastos en viáticos, celulares y gasolinas (de nueva cuenta) a todos los “altos funcionarios”.
5.- Y, finalmente, eliminar los gastos de publicidad gubernamental, a excepción de los relacionados con salud, turismo y protección civil.
INSUFICIENCIAS
Importa masticar despacio cada propósito, en el mismo orden:
1.- Suprimir la subvención a partidos nos lleva a preguntar bajo qué reglas operarían las aportaciones privadas, incluyendo aquí el factor transparencia.
¿Qué compromisos (distintos al interés público) contraerían partidos, candidatos y gobiernos con los particulares que, de manera exclusiva, les den sustento?
Habrá gente que aporte cien pesos, pero también quien desembolse cientos de miles. Dinero que difícilmente podrá entenderse como un gesto altruista, sino como inversión. El que paga manda.
¿De qué manera recuperarían la inversión?, ¿Proveedurías, contratos de obra, concesiones, permisos, asesorías, parientes en la nómina, impunidad delictiva?
Si tales vicios ya existen hoy, cuando el dinero público alimenta todavía partidos y campañas, ¿A qué extremo llegarían si se privatizan totalmente las contiendas y descansan por completo en socios privados?
2.- En cuanto a la reducción de topes (gastos de campaña) se trata de un buen logro que ha ido avanzando en forma gradual. Es factible profundizar la medida, ampliar los “tiempos oficiales” en medios electrónicos y reemplazar los gastos directos en propaganda por deducciones fiscales.
3.- Tiene lógica eliminar el subsidio a seguros privados de gastos médicos. La duda es por qué lo circunscriben, con tanta insistencia, a los “altos funcionarios”.
No parecen hacerlo extensivo (al menos, de manera explícita) a beneficiarios regulares de dicho privilegio como son los legisladores de ambas cámaras.
4.- Igual podría decirse de la pretendida supresión de pagos por “viáticos, celulares y gasolinas”. ¿Llegará también a escaños y curules?
5.- Se escucha plausible eliminar gastos en publicidad oficial, a los que reservan tres excepciones: salud, turismo y protección civil.
Pero sorprende que incluyan turismo (actividad privada que puede y debe publicitarse sola) en lugar de educación, que es mayoritariamente pública.
Y, bueno, ni una palabra sobre los privilegios de la Suprema Corte, cuyos ministros se dan vida de reyes y jubilaciones estratosféricas.
Claro, es un primer paso. Será responsabilidad ciudadana tomarles la palabra y llevar el proyecto hasta sus últimas consecuencias. Más allá de estos cinco puntos tan elementales.
BUZÓN: lopezarriaga21@gmail.com
