Por Roberto Aguilar

El diputado priista, Alejandro Etienne Llano, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos García González, al final de la sesión legislativa de este miércoles, se enfrascaron en posturas opuestas en torno al caso del ex gobernador Eugenio Hernández Flores.

El ex mandatario tamaulipeco se encuentra en el Centro de Ejecución y Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, acusado por los delitos de peculado y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al llegar a asuntos generales, el legislador del PRI, Alejandro Etienne Llano, pidió en tribuna apegarse a la ley en el tema del ex mandatario, que el caso sea jurídico y no político, “se debe actuar sin emitir juicios anticipados”.

En respuesta, el legislador del PAN, Carlos García González, cuestionó a los diputados priistas que usaran la tribuna en un tema que no le compete al poder legislativo.

Encarrilado en su participación, el diputado panista se remontó a lo que se considera el origen del problema, a la época en que fue gobernador Manuel Cavazos Lerma, cuando se creó el Fideicomiso para el parque industrial Nuevo Santander con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de Tamaulipas.

“Meses después, mediante el decreto 411 expedido el 9 de diciembre del  98, se autorizó al ejecutivo para ampliar el Fideicomiso y poder adquirir nuevas propiedades. Y posteriormente en el gobierno de Tomás Yarrington, el 21 de  mayo del 2001, promovió ante el Congreso del Estado un decreto para transferir el Fideicomiso, un inmueble de 1, 600 hectáreas ubicadas en el puerto de Altamira”, reseñó García.

En una parte del decreto, explicó García, se indica que en el Artículo IV del decreto se establece que, en caso de que ese predio fuera  destinado a un fin distinto a lo autorizado, ”la propiedad se revertiría en favor de la Hacienda Pública Estatal, cosa que sabemos hoy, no se hizo”.

Dijo que el objetivo era ofrecer los terrenos para empresas industriales que generarían empleo y nunca se construyó ninguna empresa ni se construyó ningún parque industrial.

El 30 de Mayo del 2001, añadió el diputado, fue aprobado el decreto con 17 votos a favor y 9 en contra. Destacó que, “todos los diputados priistas votaron a favor y defendieron la transferencia del predio, todo esto se encuentra en el acta 152”.

Los diputados de oposición en ese entonces, tanto del PAN como del PRD, todos votaron en contra, “porque esa transferencia tenía vicios y carencias de elementos jurídicos”.

Dijo que al final se aprobó la desincorporación de dicho inmueble patrimonio del Estado para transferirlo al citado Fideicomiso, a fin de que se rematara para que se impulsara, supuestamente el desarrollo industrial.

“Hoy, a más de 15 años, hay quienes seguimos defendiendo el patrimonio de los tamaulipecos, mientras que otros, como ayer, siguen defendiendo lo indefendible”, concluyó.

Enseguida la presidenta de la mesa directiva, Ana Lidia Luévano dio por terminada la sesión, ante la molestia del priista Alejandro Etienne Llano quien subió a tribuna y reclamó que no le dieran la palabra.

“No hago un pronunciamiento político sino un reclamó de garantías”, argumentó.

El tema que relató el panista Carlos García tiene relación con las mismas 1, 600 hectáreas de las cuales es acusado Eugenio Hernández Flores de haberse apropiado y que actualmente tienen un valor de 1, 584 millones de pesos.