Carlos López Arriaga – Justicia en marcha
Queda claro que el presidente LÓPEZ OBRADOR no quiere verse involucrado de manera directa en las investigaciones venideras sobre presuntos actos de corrupción perpetrados en los tres niveles de gobierno.
Está marcando con ello una diferencia respecto a sus antecesores en el cargo. En particular aquellos que hicieron de la “política de nota roja” un modus operandi para granjearse capital político a costa de perseguir a sus adversarios y exhibirlos como carne de presidio.
Este es el sentido original de su mensaje de campaña, cuando se declaró ajeno a los actos de venganza, aclarando que tampoco obstaculizaría el trabajo de otras instancias en bien de la justicia.
Ciertamente, no quiere AMLO que se le identifique con tareas inquisitoriales. Aunque ello no impide que el poder legislativo investigue y en su momento reporte sus hallazgos a la PGR, para el procedimiento penal que corresponda.
En este tenor habrá que reinterpretar sus promesas de perdón, en los temas más sonados de corrupción. Son muchos y en los más diversos campos. Tan solo el expediente de ODEBRECHT infecta a sectores amplios de la administración federal y los estados.
La llamada estafa maestra es de consecuencias tan vastas, que no se puede borrar llamando a ROSARIO ROBLES “chivo expiatorio”, frase tan poco sustantiva como el consejo hueco de “no te preocupes ROSARIO”, emitido por EPN.
Al menos por hoy, todo indica que LÓPEZ OBRADOR desea el mayor sigilo posible en estos asuntos, en tanto no tome posición como presidente y controle a plenitud las riendas del poder nacional.
Lo cual no impide que sus legisladores (estos sí, en pleno uso de sus facultades) se empiecen a mover con agendas ya muy concretas.
AVANZA EL SENADO
Es el caso de la propuesta, con punto de acuerdo, difundida este martes desde la Cámara de Senadores, donde se busca crear una comisión especial que investigue las presuntas irregularidades encontradas por investigaciones periodísticas en SEDESOL y SEDATU, con base en tareas documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Convendría recordar una cronología elemental del tema:
(1) La también llamada “Estafa Maestra” fue destapada por el portal de noticias ANIMAL POLÍTICO y la asociación civil “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) el 5 de septiembre de 2017.
En ella se señalaba un desvío de recursos superior a los 400 millones de dólares, donde se involucran 11 dependencias gubernamentales, 8 universidades públicas, 128 empresas fantasma y al menos medio centenar de servidores públicos.
(2) Dos días después, el 7 de septiembre de 2017, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaría un primer punto de acuerdo en el Senado para dar seguimiento al contenido de dicho reportaje.
(3) El 11 de enero de 2018 el partido Movimiento Ciudadano (MC) formalizaría una denuncia ante la PGR contra el entonces candidato del PRI a la presidencia JOSÉ ANTONIO MEADE, por presunta participación en dichos ilícitos cuando fue titular de Desarrollo Social.
Al señor MEADE se le acusa de haber encubierto las irregularidades de su antecesora en dicho cargo, ROSARIO ROBLES BERLANGA, considerada como la orquestadora central de este entramado multimillonario.
(4) El referido mega reportaje de ANIMAL POLÍTICO recibiría el 7 de mayo de 2018 el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en la categoría Mejor Historia o Investigación Periodística.
(5) Y, bueno, el caso cobró un segundo aire el pasado 11 de septiembre de 2018 cuando el diario REFORMA publicó nuevas revelaciones sobre un presunto desvío de 700 millones de pesos (¡en efectivo!) imputado de nuevo a la SEDESOL de la señora ROBLES BERLANGA.
LUPÍTA Y RICARDO
Sirvan estos antecedentes a manera de contexto para entender mejor la iniciativa presentada por la senadora tamaulipeca de mayoría MARÍA GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES y su líder zacatecano RICARDO MONREAL ÁVILA, en seguimiento a este segundo escándalo hoy bautizado como “La Estafa Maestra 2”.
Por lo cuál se está solicitando la comparecencia de los titulares de las referidas SEDATU y SEDESOL, así como de la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y hasta la PGR, oiga usted.
Según la bancada de MORENA en la Cámara Alta, “existen claras irregularidades que deben ser investigadas a fondo” en dependencias donde se desvían recursos “que deberían ser para la atención de la gente más desprotegida.”
En paralelo, el senador panista por Querétaro, MAURICIO KURI GONZÁLEZ, propuso otra comisión que daría seguimiento al caso ODEBRECHT al que calificó como “el escándalo más grande de corrupción en América Latina”.
No será AMLO, pues, quien de manera directa atice estos fuegos. Trabajarán en ello las dependencias correspondientes. Pero de que habrá justicia, de eso no debe quedar la menor duda.
Ya no depende siquiera del presidente. La gravedad de los hechos es tan palpable que las investigaciones del caso prácticamente caminan solas.
Y todas, mire usted, apuntan a los niveles más altos de la administración pública federal, salpican a gobernadores, rectores y empresarios de la más diversa ralea.
BUZÓN: lopezarriaga@gmail.com
