Redacción InfoNorte

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que su gobierno “está comprometido a recuperar lo que es patrimonio de los tamaulipecos a pesar de que esté en algunos lugares, y esta no es la excepción”.

En entrevista, en Ciudad Victoria, se refirió al proceso legal del gobierno de Tamaulipas para recuperar una propiedad del ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, la cual tiene un costo de 1.2 millones de dólares.

García Cabeza de Vaca dijo que esta política la implementó su administración desde el inicio, indistintamente de donde se encuentren ubicadas las propiedades, “ya sea afuera o dentro del estado, como en este caso en Estados Unidos”.

En el proceso legal que se inició, presuntamente fue adquirida la propiedad por malversaciones de fondos públicos a través de prestanombres, en Texas.

Como prófugo de la justicia de Estados Unidos se menciona a Fernando Alejandro Cano Martínez, acusado de lavado de dinero y otros delitos, que habría cometido en presunta complicidad con Yarrington. La propiedad habría sido comprada a nombre de la esposa de Cano.

Yarrington Ruvalcaba detenido en el 2017 en Italia y extraditado a los Estados Unidos en abril del 2018 en donde permanece preso.

Durante la administración del ex gobernador, Cano Martínez habría obtenido múltiples contratos por ejecución de obra pública, y de acuerdo a las acusaciones que existen en Estados Unidos, parte del dinero obtenido del pago de esas obras fue entregado a Yarrington.

El gobierno estatal está solicitando a las autoridades estadounidenses que declaren ilegal la compra de los terrenos y sea declarada propiedad del gobierno de Tamaulipas, por tratarse de un bien adquirido con recursos erogados de la administración estatal.

Las firmas de abogados Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC, con sede en New York, New York; Hance Scarborough, LLP, ubicada en Austin, Texas, y Ray Thomas Law Group, con oficinas en McAllen, Texas, representan al gobierno de Tamaulipas en este caso.

Fuentes del gobierno del Estado señalaron que habrá más procesos legales para recuperar propiedades e incluso cuentas bancarias, como patrimonio de los tamaulipecos.