Por Roberto Aguilar

En la puerta de la sala asoma el ex gobernador Eugenio Hernández Flores. Es un momento histórico.

Es el inicio de la audiencia donde le notificarán sobre el tema de extradición.

Hernández gira su mirada hacia su izquierda, la sala está llena, pero no observa a ningún familiar.

Con un movimiento de cabeza saluda a los reporteros, son a los únicos que conoce. Los demás son estudiantes y personal del juzgado.

Prácticamente está solo. No están sus abogados ni sus familiares.

Viste pantalón de mezclilla, camisa de manga larga y no deja de tomar agua purificada de una botella.

Son las 18:00 horas del miércoles, en la sala 1 del Centro de Justicia Penal del Poder Judicial de la Federación, con la presencia del juez Raymundo Serrano Nolasco.

Al ver la asistencia, el juez no puede evitar una expresión: “Primera vez que veo la sala llena. Ojalá así estuviera más seguido”.

Frente a él por un lado se encuentran los fiscales, Gerardo Ruiz y Elías Trinidad, Agentes del Ministerio Público Especializados en Procedimientos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR); y por el otro lado está Eugenio Hernández con los defensores públicos Alejandro San Germán Riestra y Héctor Manuel Álvarez.

Ante la pregunta del juez, el ex gobernador solicita que se le llame por su nombre propio y que sus datos personales sean reservados durante la audiencia.

En el siguiente punto todo se atora. Ya no hay avance. El detenido no acepta que los abogados de oficio sean sus representantes legales.

“Señoría quisiera solicitar respetuosamente estuvieran mis representantes, los cuatro abogados. Que no tomen protesta ellos”, pide al juez.

El juez Serrano les dice que pueden irse, que pueden retirarse. Pero no lo hacen. Incluso, tienen voz y opinan.

-¿En cuánto tiempo cree que esté su defensa aquí?

“En 48 horas”, responde. Insiste que requiere la presencia de sus abogados de confianza, quienes se encuentran en la Ciudad de México y asegura que no fueron informados.

En respuesta, Serrano argumenta que el artículo 24 de la Ley de Extradición establece que debe hacerle saber su situación inmediatamente, “sin demora”.

El juzgador decretó un receso de 30 minutos para que Hernández dialogue con los dos abogados de oficio.

Los reporteros aprovechan el tiempo y la mayoría sale hasta la calle para pedir prestados teléfonos celulares y dictar información a sus respectivos medios.

Desde el juzgado es imposible. Las medidas de ingreso son muy rígidas, se pasa un filtro de revisión y todos los objetos de metal son guardados en un sobre, además de teléfonos o tablets y computadoras.

Acostumbrados ya a la tecnología, para algunos periodistas es una dinámica de reportear a la antigua, con mucha observación, una libreta y una pluma.

De regreso a la sala, Hernández termina su primera botella de agua y reitera su petición, “fui notificado hace tres horas”, argumenta que no hubo tiempo para que viajaran sus abogados.

La reacción del juez es imperativa.

“Debe ser racional el tiempo, que no pida 48 horas, asumo que están en otro país. No es racional el tiempo que usted me está pidiendo”, le indica.

Cita ejemplos de cuánto tiempo se requiere para viajar de la Ciudad de México a Ciudad Victoria. Lo mira fijamente y añade, “podría diferirlo de aquí a las 12 de la noche, no más. Se me hace excesivo”.

Uno de los dos abogados públicos aunque no fue aceptado como representante, toma la palabra y plantea que el plazo de 48 horas si es razonable.

Los fiscales explican que a través de las videocámaras todo se está registrando en audio y video, material al que los abogados podrán tener acceso.

El juez advierte que desde la noche anterior cuando se cumplimentó la orden de aprehensión ya está corriendo el tiempo que marca la ley.

Hernández sugiere que entonces el jueves a la misma hora pudiera continuar la audiencia.

En respuesta, el juez reitera que puede esperar hasta las 12 de la noche, “si los señores no están, si tienen otro compromiso es que no quieren llevar su defensa. El imperio de la ley no puede estar gusto de una persona que no quiere venir”.

Y decreta otra media hora de receso para que pueda comunicarse con los abogados y tomar una decisión de la hora en que lograrán llegar.

Al retornar Eugenio ya trae una segunda botella de agua.

El abogado público explica que si se comunicaron vía telefónica y que uno de los litigantes está volando a Tampico y se compromete a viajar a primera hora por carretera, porque es muy arriesgado hacerlo durante la madrugada por la inseguridad.

Piden por tercera ocasión otro horario, a las 12 horas del día jueves. Porque el segundo abogado volaría directo de la Ciudad de México por la mañana.

“Ya es más razonable lo que me está diciendo”, comenta el juez.

Sigue la insistencia y al final toma la determinación: “Difiero la presente audiencia para el día de mañana a las 9 de la mañana”.

Minutos más tarde, custodiado por patrullas de la Policía Federal y Policía Estatal vuelven a trasladar al ex gobernador al penal de esta ciudad.