Por Alfredo Guevara
Aunque sería en base al porcentaje de inflación, los organismos operadores de agua potable y drenaje estarían aplicando un incremento en sus tarifas a partir de enero de próximo año, permitiendo con ello uniformar el costo en municipios de la zona norte del Estado.
Lo que se pretende no es gravar la economía de los usuarios del servicio, toda vez que el agua no se vende, pero sí de actualizar los precios, para que de manera conjunta con otra serie de medidas, los organismos y Comapas de la entidad, empiecen a tener un mejor manejo de sus recursos, destacó Luis Javier Pinto Covarruibas.
El director de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas (CEAT) adelantó que en los próximos meses se terminará de hacer un análisis de los costos de operación, las tarifas, salarios y otras cuestiones financieras de los organismos para que en el próximo presupuesto de egresos se contemple esa posibilidad de incremento a las tarifas.
Comentó que se trataría de un ajuste solamente que implique el porcentaje que registre la inflación en el país y que en este caso, sea publicado en el Diario Oficial de la Federación para tomarse como referencia a la medida a al usuario, como ha sido en los últimos años
Y es que, hay ciudades como Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y otras, donde existe una variación de precios, en los que el litro de agua se paga a un promedio de cinco, seis y siete pesos, de ahí que habría a partir del próximo año una uniformidad en el costo, para que no se afecte a la economía del usuario.
Antes de tomar esta decisión, reiteró que se terminará de hacer un análisis de muchos aspectos en cada una de las Comapas y organismos operadores de agua potable y drenaje en el Estado, que tienen que ver con sus gastos de operación, toda vez que en algunos casos “son muy elevados y habría que revisarlos” insistió.
Destacó que tiene que haber una revisión de todo lo que ingresa y sale de los organismos para que haya una mejor eficiencia de los recursos, antes de que se vayan a la quiebra económica, tomándose en cuenta que con excepción de Nuevo Laredo, el resto no opera con “números negros”, es decir, finanzas sanas que permitan ofrecer un servicio con calidad y ampliar la red a donde se tenga necesidades de la población.
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