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Martín Sánchez Treviño – ¡A hora sí conciudadanos!

Ante la ”austeridad republicana” del gobierno federal, el Congreso Tamaulipeco volvió a clavar la uña a los ciudadanos tamaulipecos, al aprobar un acuerdo promovido por la pri-anista Yhaleel Abadala Carmona, quien presentó un dictamen para reformar la Ley de Tránsito en la entidad, para que las autoridades de los 43 Ayuntamientos impongan una multa de 3,379 pesos a los automovilistas que ocupen sitios propios para personas con alguna discapacidad. El cobro de referencia representa un aumento de 2,530 pesos, ya que la tarifa anterior era del orden de los 849 pesos.

En la argumentación y motivos de la iniciativa de reforma, el legislador Fernando García Aguilar subrayo que con esta sanción económica se pretende fomentar y crear en los habitantes de Tamaulipas una cultura de vialidad y respeto. “Tienen la finalidad de garantizar su accesibilidad, desplazamiento y derechos, así como eliminar barreras que impidan su inclusión social”, sentenció un comunicado de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso de esta entidad.

Lo anterior, más que motivos o fines humanistas propio de los políticos de esta época, parece o es una justificación para “clavar la uña” a los automovilistas, ante los recortes severos del gobierno federal. Algo similar a la aplicación de cobro por la recolección de basura.

Pues no obstante que los recursos obtenidos de estas multas serán destinadas a los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia, conocido con DIF. Que por cierto, es un organismo donde las personas de ese organismo asistencialistas no fueron electas y además se han detectados saqueos severos, como ha acontecido en el DIF de la capital tamaulipeca, además de otras de la misma naturaleza.

No obstante que en la conclusión y no en los motivos del dictamen aprobado en el Congreso que preside el Diputado “Pachuco y Metrosexual”, Gerardo Peña Flores, señala que quienes incurran en esta infracción, deberán participar en un taller impartido por los sistemas DIF, en los 43 municipios.

En el fondo de esta iniciativa se percibe una “hambruna” de los Presidentes Municipales, por los recortes y ajustes del gobierno federal, lo mismo se percibe con el cobro impuesto por la recolección de basura, ya que la tendencia es recaudar recursos, más que regular el cumplimiento de obligaciones viales o la salud de la población por los efectos contaminantes de los residuos.

Se supone que la recolección de basura es un derecho de los habitantes y una obligación de la autoridad municipal, que se cobra otros impuestos, pero que no se reflejan en la vialidad de las ciudades y demarcaciones municipales de esta entidad.

El dictamen, establece que los Ayuntamientos deberán aplicar la sanción económica a los automovilistas y los recursos serán turnados al DIF, cuyas titulares no fueron electas en las urnas lo que en definitiva les impide obtener recursos ya que no son funcionarias, sino voluntarias.

Más allá de lo anterior, el organismo legislativo que Preside “El Pachuco” Gerardo Peña Flores, deberá especificar en qué rubros, artículos o necesidades de la población en emergencia se aplicaran las multas.

Sobre todo, porque en el cobro por la recolección de basura bajo cualquiera de 3 formas que establece la iniciativa de decreto aprobada esta semana en el palacio legislativo, no excluye del pago ni señala a las personas con alguna discapacidad de las 10, 15 y 9 Unidades de Medida Actualizada del Salario UMAS, ni siquiera lo exime del pago del 1.13 por ciento por concepto de recargos por pagos a destiempo por servicio de recolección.

Si en cambio representa un jugoso negocio para los Ayuntamientos ya que tendrán clientes cautivos y será mas rentable que la captación de recursos por pagos de predial. Parece que los legisladores, los ayuntamientos y los organismos DIF no tienen llenadera.

En este sentido el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que ante la complejidad del escenario económico del año 2020, exhorto a los legisladores revertir el incremento a las tablas correspondientes al pago del predial en los 43 municipios de la entidad, porque considera que afecta el bolsillo de los habitantes.

Ante este pronunciamiento como político novato, reculó el Diputado Gerardo Peña Flores y finalmente rectificará el pleno legislativo en los acuerdos tomados.

Lo que queda claro es que ese organismo y el poder legislativo deja en desventaja, a los más necesitados, pues más bien parecen “limosneros” que autorizan el cobro de impuestos para hacer caridad. No obstante que hay un monto de recursos etiquetados para el DIF. Hasta ahora se ha informado de las acciones, pero no del origen de los recursos y las licitaciones correspondientes para la adquirir equipos para la población en emergencia.

Todo estaba listo la tarde de ayer para presentar en el pleno legislativo la Ley de Egresos al pleno del Congreso del Estado, que remitió el Jefe del Ejecutivo Estatal García Cabeza de Vaca.

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