Por Alfredo Guevara
Si bien no se encuentra “quebrado”, el Ayuntamiento de Tula no está en condiciones de pagar, lo que pudiera considerarse como una deuda impagable en demandas laborales como de proveedores, que han heredado las dos últimas administraciones municipales, dejó en claro Antonio Leija Villarreal
El alcalde de Tula, explicó que el municipio enfrenta como mínimo unas 80 demandas laborales, que para poder solucionarlas se requiere de por lo menos siete millones de pesos, adicional a otros 12 mdp que se adeudan a proveedores, constructoras, tiendas relacionadas con la rama de la construcción, entre otras.
Al acudir a palacio de Gobierno, admitió que la deuda entre ambas cosas oscila en unos 20 millones de pesos, considerada impagable, que se necesitaría vender la presidencia municipal para poder ponerse al corriente y solucionar los problemas que ello ha generado.
Comentó que en su momento, el área jurídica del Ayuntamiento hizo del conocimiento a la Auditoria Superior del Estado (ASE), toda vez que la anterior administración no dejó ni papel, solamente los escritorios vacíos y una serie de demandas laborales que se han ido incrementando
Desafortunadamente, el alcalde estableció que hasta ahora sólo acudieron los de la ASE e hicieron algunas observaciones, pero no se volvieron a acercar, para rendir un informe sobre el avance de las investigaciones que se han realizado desde ese tiempo a la fecha.
Explicó que el dinero que llega a la presidencia municipal, se destina para la realización de las obras y acciones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tula y sus comunidades, “pero no para el pago de ese tipo de deudas”.
Indicó que cada que terminaba una administración, recomendaban que metieran las demandas laborales.
Incluso, a quienes formaban parte de la lista de proveedores, les pedían que ingresaran facturas, “al final de cuentas ellos ya se iban y dejarían la deuda a quienes entraran en funciones”.
A ciencia cierta, desconoció de dónde obtendrá el municipio recursos para poder liquidar esa deuda, sea justa o comprobable, toda vez que el Ayuntamiento no tiene recursos para ello.
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